La ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Enmienda Catorce, enfrenta...
Read MoreAbogado Yasin Bilgehan Akalan
Especialista en Derecho Migratorio – Firma Legal Akalan
La ciudadanía por nacimiento no es solo un término legal. Es un derecho esencial para cada niño nacido en EE. UU. Sin embargo, los cambios recientes han preocupado seriamente a muchas familias inmigrantes. Si estás indocumentado, tienes una visa temporal o solicitas asilo, quizás te preguntes: ¿Mi hijo seguirá siendo ciudadano estadounidense por nacer aquí?
Este artículo explica cómo funciona la ciudadanía por nacimiento. También detalla por qué está en peligro y cómo responden los tribunales.
Analizamos la Orden Ejecutiva 14160 firmada por el presidente Trump, las demandas legales que provocó y el caso colectivo Barbara v. Trump.
Al finalizar, sabrás cuáles son tus derechos hoy y qué riesgos podrían presentarse pronto.
La Enmienda Catorce de la Constitución es clara: cualquier persona nacida en EE. UU. es ciudadana. Esto aplica sin importar el estatus migratorio de sus padres:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en EE. UU., y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas…”(Const. EE. UU., Enmienda XIV, § 1)
Este principio ha sido válido por más de un siglo. En 1898, la Corte Suprema confirmó esta protección en el caso United States v. Wong Kim Ark. Desde entonces, las cortes han respaldado este derecho consistentemente.
Esta regla se conoce como jus soli, o derecho del suelo.Protege a los hijos de inmigrantes indocumentados, estudiantes extranjeros y turistas. Ofrece una identidad legal clara y trato igualitario desde el nacimiento. Pero hoy, este derecho constitucional enfrenta amenazas desde el poder ejecutivo.
El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160. Su gobierno declaró que la Enmienda Catorce había sido “malinterpretada”. La orden busca negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE. UU. cuyos padres no son ciudadanos ni residentes permanentes.
Según esta orden, los hijos de inmigrantes indocumentados, personas con visa temporal o solicitantes de asilo no obtendrían ciudadanía automática. Solo los bebés con al menos un padre ciudadano o con “green card” calificarían.
El cambio solo se aplicaría a bebés nacidos el 20 de febrero de 2025 o después.Los niños nacidos antes de esa fecha no serían afectados.
Aun así, la orden generó temor e incertidumbre generalizada. Especialmente porque evitó al Congreso y buscó alterar derechos constitucionales por decreto.
Este tipo de acción ejecutiva desafía el equilibrio de poderes. Además, coloca a miles de familias en una posición legal incierta. Muchos hospitales y agencias no sabían cómo aplicar la nueva norma.Los padres, por su parte, temían por el futuro legal de sus hijos. El mensaje fue claro: nacer en EE. UU. ya no garantiza ciudadanía.Y el conflicto legal apenas comenzaba.
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Varios jueces federales respondieron de inmediato. En el caso Washington v. Trump, un juez calificó la orden como “claramente inconstitucional”.
En CASA Inc. v. Trump, la jueza Deborah Boardman suspendió la aplicación a nivel nacional. Ambas decisiones reafirmaron lo básico: los decretos presidenciales no pueden eliminar derechos constitucionales.
Estas victorias legales trajeron alivio temporal. Sin embargo, el gobierno apeló. No solo cuestionó el contenido de las decisiones, sino también el alcance de las medidas cautelares. Plantearon que los jueces federales no deben emitir órdenes con efecto nacional.
Este punto técnico tenía implicaciones profundas. Si los jueces no pueden proteger a todos, muchos quedarían desprotegidos. Las familias sin representación directa en los casos estarían vulnerables.
La incertidumbre creció.Miles de padres temían que el estatus de sus hijos pudiera cambiar en cualquier momento. La estabilidad legal quedó suspendida.La lucha se trasladó entonces a la Corte Suprema.Y ahí, las reglas cambiaron otra vez.
El 27 de junio de 2025, la Corte Suprema emitió su fallo en Trump v. CASA. La decisión limitó el poder de los jueces federales.
Desde entonces, no pueden emitir órdenes nacionales a menos que exista una demanda colectiva certificada. Este cambio fue significativo.
Las órdenes previas que protegían a todos ya no tenían efecto para personas fuera de los casos. La Corte no se pronunció sobre si la orden era legal o no. Solo se enfocó en el alcance de las decisiones judiciales.
Aun así, hubo un rayo de esperanza. La Corte aclaró que las demandas colectivas aún podían proteger a grupos más amplios.
Los demandantes adaptaron rápidamente su estrategia legal. En lugar de múltiples demandas individuales, decidieron unificar esfuerzos. Buscaron certificar una clase nacional de personas afectadas.
Así, podrían restaurar una protección más amplia y efectiva. El enfoque cambió de defensa puntual a acción estructural. La legalidad de la ciudadanía por nacimiento seguía sin resolverse. Pero los abogados ya tenían una nueva vía para responder.
Pocos días después, esa nueva estrategia daría frutos. Y todo cambiaría nuevamente.
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Dos semanas después, el caso Barbara v. Trump marcó un punto de inflexión.Un juez federal certificó una demanda colectiva nacional.
Incluyó a padres y niños afectados por la Orden Ejecutiva 14160.
El juez Joseph Laplante emitió una orden cautelar inmediata. Bloqueó la aplicación de la medida para todo el grupo afectado. Su argumento fue claro: negar ciudadanía causa daño irreparable. Los bebés nacidos en EE. UU. quedarían sin estatus legal. No tendrían ciudadanía, ni derechos, ni protección básica. En la práctica, serían apátridas en su propio país de nacimiento. La orden judicial detuvo esa posibilidad.
Gracias a esta demanda colectiva, la orden ejecutiva quedó congelada.
Los bebés continúan recibiendo ciudadanía al nacer. Esto aplica incluso si sus padres son indocumentados o no residentes permanentes.
La decisión reafirmó el poder del litigio colectivo. Mostró que el sistema judicial aún puede proteger derechos constitucionales.
También envió un mensaje importante: las familias no están solas.
Sin embargo, esta victoria es temporal. El Departamento de Justicia ya apeló la decisión.Por ahora, la protección sigue vigente, pero el riesgo no ha desaparecido. La incertidumbre legal continúa. El futuro depende de lo que decidan las cortes superiores.
Hasta finales de julio de 2025, la Orden Ejecutiva 14160 no está en vigor. Los hospitales siguen emitiendo certificados de nacimiento normales. Las agencias federales aceptan estos documentos como prueba de ciudadanía. Si tu hijo nace hoy en EE. UU., es ciudadano.
No importa tu estatus migratorio. La ley actual protege este derecho desde el nacimiento.
Sin embargo, esto podría cambiar. El Departamento de Justicia ha apelado la decisión del juez Laplante. Si una corte superior revoca el fallo, la orden ejecutiva entraría en vigor. Por eso, es esencial mantenerse informado. Hasta ahora, ningún niño ha perdido su ciudadanía por esta política.
Pero muchas familias inmigrantes siguen preocupadas.Temen que un cambio judicial repentino afecte a sus bebés.
Por eso, los padres deben:
• Guardar copias seguras del acta de nacimiento,
• Consultar a un abogado si tienen dudas,
• Estar atentos a nuevos fallos judiciales,
• Verificar que toda la documentación esté en orden.
La situación legal es estable por ahora. Pero el camino sigue incierto.
La protección no es definitiva. Y cada familia debe estar preparada para actuar si es necesario.
Si la Orden Ejecutiva 14160 entra en vigor, las consecuencias serían enormes. Los bebés nacidos en EE. UU. podrían quedar sin ciudadanía.
No podrían obtener número de Seguro Social ni pasaporte. Tampoco tendrían acceso a servicios básicos o protección legal. En casos extremos, podrían enfrentar incluso la deportación.
Pero esto va más allá de lo personal. Este cambio desafía el concepto de ciudadanía en Estados Unidos. Durante generaciones, nacer en este país ha significado inclusión y oportunidad. Quitar ese derecho envía otro mensaje: “No todos pertenecen aquí.”
Esta política redefiniría lo que significa ser estadounidense. Impondría nuevas divisiones desde el nacimiento. Dos bebés nacidos en el mismo hospital podrían tener destinos legales opuestos.
Además, afectaría profundamente a comunidades enteras. La incertidumbre alimenta el miedo, reduce la confianza y rompe planes familiares. Escuelas, clínicas y agencias públicas también enfrentarían confusión legal. Eliminar la ciudadanía por nacimiento no es solo un cambio técnico. Es una transformación radical en la identidad nacional. Y eso tiene un alto costo humano y constitucional.
Este debate legal no es sobre papeleo.Es sobre quién tiene derecho a pertenecer desde el primer día.
Por ahora, los tribunales han detenido la Orden Ejecutiva 14160. Sin embargo, no hay un fallo final. La Corte Suprema aún no ha decidido si la orden es constitucional. Ese fallo podría llegar en los próximos meses.Mientras tanto, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente. Pero el futuro es incierto.
El debate legal continúa.Las familias deben mantenerse informadas y alertas. Nada garantiza que la protección actual sea permanente. Un solo fallo puede cambiarlo todo. Por eso, cada padre debe prepararse.
Lo que está claro es esto: Ser nacido en Estados Unidos ya no es solo un asunto geográfico. Ahora es una cuestión legal. Y esa ley está siendo desafiada como nunca antes. La ciudadanía define identidad, seguridad y derechos. No es solo un documento. Es un econocimiento del valor y la pertenencia. Cambiar ese principio afecta a todos. No solo a los inmigrantes. También a la visión del país como tierra de igualdad y oportunidades.
Por eso, lo que ocurra en las cortes no será solo un precedente.
Será una señal de hacia dónde va Estados Unidos.
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