La Corte Suprema de EE. UU. avaló la deportación de un...
Read MoreDECISIÓN CRÍTICA DE LA CORTE SUPREMA SOBRE LOS SOLICITANTES DE ASILO
Abogado Yasin Bilgehan Akalan
Especialista en Derecho Migratorio – Firma Legal Akalan
La Corte Suprema de EE. UU. aceptó la solicitud urgente del gobierno federal¹. Esta solicitud estaba dirigida contra una decisión que suspendía temporalmente la deportación de un ciudadano de Sudán del Sur en riesgo de tortura. El fallo impacta directamente en el acceso de los solicitantes de asilo a la protección judicial.
No obstante, el control judicial sobre las deportaciones aceleradas se debilita considerablemente. Esta decisión genera grandes preocupaciones en materia de derechos humanos.
La persona en el centro del fallo solicitó asilo por riesgo de tortura. Presentó su petición de protección en el marco de la Convención contra la Tortura (CAT)². Un tribunal de distrito en Massachusetts suspendió temporalmente su deportación³.
Sin embargo, el gobierno consideró esta decisión como una interferencia en el proceso de deportación acelerada. El caso fue llevado directamente ante la Corte Suprema⁴.
La Corte aceptó la petición del gobierno federal¹, reactivando así el procedimiento de deportación. La decisión fue emitida en un texto breve y sin firma.
La jueza Sonia Sotomayor expresó una fuerte disidencia. Señaló que las deportaciones sin revisión pueden conllevar riesgos vitales⁵.
Esta decisión reduce las oportunidades de obtener protección temporal para los solicitantes de asilo. El procedimiento acelerado de deportación no suele incluir audiencias exhaustivas. La sentencia dificulta aún más el acceso a los tribunales⁴.
Como resultado, muchas personas pueden ser deportadas rápidamente.
La Corte dio prioridad a la rapidez del poder ejecutivo. Sin embargo, esto deja en segundo plano la evaluación individual de los casos. Esto puede causar serios problemas para quienes enfrentan riesgo de tortura o persecución⁵.
Asimismo, se socava la credibilidad del proceso judicial.
UU. es parte de la Convención contra la Tortura², que prohíbe el retorno de personas a países donde podrían sufrir tortura⁶. La decisión de la Corte Suprema sugiere que estas obligaciones podrían ser incumplidas.
Aunque la decisión parece limitada, su impacto es considerable. Es notable el respaldo del poder judicial al ejecutivo. Esta situación dificulta la protección de los derechos humanos fundamentales.
El fallo DHS v. D.V.D. debilita aún más la posición de los solicitantes de asilo. Además, exige una revisión de las garantías de juicio justo en el derecho migratorio.
¹ DHS v. D.V.D., No. 23A1056, 602 U.S. ___ (2025), Solicitud de suspensión urgente aceptada, 21 de junio de 2025. Texto de la decisión
² El solicitante pidió protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT). 8 C.F.R. § 208.16(c); FARRA, Pub. L. No. 105-277, § 2242.
³ D.V.D. v. DHS, No. 1:24-cv-11785 (D. Mass. 2025) (Jueza Murphy), otorgó una medida cautelar temporal.
⁴ El gobierno alegó que los procedimientos de deportación acelerada están exentos de revisión judicial según 8 U.S.C. § 1252(e).
⁵ La jueza Sotomayor disintió, señalando riesgos tanto humanitarios como constitucionales. DHS v. D.V.D., 602 U.S. ___ (2025) (Sotomayor, J., en disenso), pp. 5–6.
⁶ El principio de “non-refoulement” está establecido en el artículo 3 de la CAT.
⁷ En DHS v. Thuraissigiam, 591 U.S. ___ (2020), también se limitó la revisión judicial.
⁸ Las decisiones Arizona v. United States, 567 U.S. 387 (2012) y Trump v. Hawaii, 585 U.S. ___ (2018) respaldan la autoridad del ejecutivo en materia migratoria.
La Corte Suprema aceptó la solicitud del gobierno federal para revocar la decisión del tribunal inferior que había suspendido temporalmente la deportación. Esto significa que el gobierno tiene autoridad para deportar a la persona en cuestión.
Tras la decisión, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede proceder con la deportación de esta persona desde Estados Unidos. Sin embargo, su equipo legal podría buscar otros recursos extraordinarios, aunque ahora las opciones son más limitadas.
La decisión podría limitar el acceso a la revisión judicial en procedimientos de deportación acelerada y dificultar la posibilidad de que los solicitantes obtengan protección temporal en tribunales federales.
El poder legislativo podría proponer cambios en las leyes migratorias para restablecer o clarificar las garantías de un juicio justo. Mientras tanto, los tribunales inferiores seguirán abordando casos similares, y podrían surgir nuevas batallas legales o aclaraciones adicionales por parte de la Corte Suprema.
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