La ciudadanía por nacimiento, consagrada en la Enmienda Catorce, enfrenta...
Read MoreAbogado Yasin Bilgehan Akalan
Especialista en Derecho Migratorio – Firma Legal Akalan
En 2025, Estados Unidos se encuentra en una encrucijada legal y humanitaria. Con el regreso del expresidente Donald J. Trump a la Casa Blanca, el gobierno federal ha lanzado una agresiva iniciativa de deportación masiva, que va más allá de los inmigrantes con antecedentes penales e incluye a personas previamente protegidas por programas humanitarios como el asilo, el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de libertad condicional CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela).
Esta iniciativa ha provocado desafíos constitucionales, una resistencia judicial inesperada —incluyendo jueces nombrados por Trump— y una creciente preocupación entre profesionales legales, grupos de defensa y comunidades afectadas.
La política migratoria de Trump en 2025 se caracteriza por mecanismos de ejecución amplios diseñados para maximizar las deportaciones con mínima supervisión judicial. Entre sus principales elementos destacan:
Datos oficiales indican que más de 530,000 no ciudadanos —muchos con posibilidad previa de regularizar su estatus— enfrentan actualmente una remoción inminente. Las deportaciones diarias, que promediaban 600 durante el primer mandato de Trump, han aumentado a aproximadamente 750 por día a mediados de 2025.
A pesar del enfoque expansivo del poder ejecutivo en materia migratoria, el poder judicial no ha permanecido en silencio. Tribunales de todo el país —incluso aquellos con jueces designados por Trump— han emitido fallos que limitan los excesos del gobierno y reafirman protecciones constitucionales.
Desarrollos clave incluyen:
Estas confrontaciones legales subrayan la tensión constitucional entre el poder plenario del ejecutivo sobre inmigración y el deber del poder judicial de garantizar el debido proceso y la igualdad ante la ley.
El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14160. Su gobierno declaró que la Enmienda Catorce había sido “malinterpretada”. La orden busca negar la ciudadanía a bebés nacidos en EE. UU. cuyos padres no son ciudadanos ni residentes permanentes. «Lea el artículo»
Más allá de los tribunales, las políticas migratorias de Trump en 2025 están generando consecuencias humanas profundas e inmediatas:
En un caso significativo, un juez federal ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el retorno de un solicitante de asilo deportado, enfrentando directamente al poder ejecutivo y afirmando la autoridad del poder judicial para prevenir remociones ilegales.(Villanueva, 2025, para. 4)
En este clima jurídico volátil, el riesgo de deportaciones erróneas ya no es teórico: es una realidad tangible y frecuente. Contar con representación legal a menudo es la única salvaguarda que impide que una persona sea deportada sumariamente, en violación de sus derechos constitucionales y legales.
Estados Unidos atraviesa actualmente una coyuntura compleja y dinámica en materia de derecho migratorio. Las políticas de deportación implementadas en 2025 por la administración Trump han generado serias preocupaciones legales, sociales y humanitarias. Estas medidas no solo afectan a personas indocumentadas o con antecedentes penales, sino también a aquellas protegidas bajo programas legales como el asilo, TPS y CHNV.
Lo que presenciamos hoy es un creciente conflicto entre el poder ejecutivo, que impulsa una aplicación más estricta, y el poder judicial, que intenta preservar las garantías legales fundamentales. Los tribunales están interviniendo para frenar ciertas deportaciones, enfrentar violaciones al debido proceso y contener los excesos de las autoridades migratorias.
En este entorno desafiante, el acceso a asistencia legal se ha vuelto más vital que nunca. Para muchos individuos y familias, contar con un abogado puede ser la diferencia entre permanecer en el país o ser deportado sin una audiencia justa. Mientras continúan estas batallas legales, es fundamental que abogados, defensores y legisladores colaboren para asegurar que el sistema migratorio sea justo, humano y fiel a los principios de justicia y Estado de derecho.
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Federal Register. (2025a, 4 de junio). Terminación de la
designación de Camerún para el Estatus de Protección Temporal. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-06-04/pdf/2025-10236.pdf.
Federal Register. (2025b). Terminación de la designación de
Venezuela para el Estatus de Protección Temporal. https://public-inspection.federalregister.gov/2025-02294.pdf
Departamento de Seguridad Nacional. (2025, 12 de junio). El
DHS emite avisos de terminación para el Programa de Libertad Condicional CHNV,
insta a los beneficiarios a autodeportarse de inmediato [Comunicado de prensa].
https://www.dhs.gov/news/2025/06/12/dhs-issues-notices-termination-chnv-parole-program-encourages-parolees-self-deport
Federal Register. (2025c, 28 de enero). Rescisión inicial de
órdenes ejecutivas y acciones perjudiciales (Orden Ejecutiva N.º 14148, 90 FR
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Kids in Need of Defense. (2025, 10 de junio). Separación
Familiar 2.0: KIND insta a la administración a tomar medidas inmediatas para
detener el regreso a esta pesadilla nacional [Comunicado de prensa]. https://supportkind.org/press-releases/family-separation-2-0-kind-urges-immediate-administration-action-to-halt-its-return-to-this-national-nightmare
Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. (2025, 16 de
julio). Arrestos ilegales de ICE en juzgados de inmigración provocan demanda de
defensores y personas inmigrantes [Comunicado de prensa]. Immigrant Justice
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Villanueva, J. (2025, 25 de mayo). Un juez federal determina
que EE. UU. deportó ilegalmente a un solicitante de asilo a pesar de una orden
de protección. JURIST. Recuperado del sitio web de JURIST: https://www.jurist.org/news/2025/05/federal-judge-finds-us-wrongfully-deported-asylum-seeker-despite-protection-order/
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