Las Políticas de Deportación 2025 de Trump han desencadenado una...
Read MoreAbogado Yasin Bilgehan Akalan
Especialista en Derecho Migratorio – Firma Legal Akalan
Este artículo analiza la Orden Ejecutiva 14161, emitida el 21 de marzo de 2025, que suspende temporalmente el proceso de obtención de la tarjeta verde, afectando especialmente a refugiados, asilados y otras vías hacia la residencia permanente. Examina las bases legales bajo la INA § 212(f), el impacto en los solicitantes y residentes permanentes, y las implicaciones constitucionales. Además, ofrece estrategias prácticas para quienes enfrentan estas políticas cambiantes.
I. Visión General de la Política Migratoria de Trump
La agenda «America First» del presidente Trump fortaleció la aplicación de las leyes migratorias mediante procesos de revisión más estrictos y la suspensión de adjudicaciones migratorias (Pierce & Bolter, 2020). Términos como Trump green card y Trump suspende tarjetas verdes reflejan su intención de restringir la residencia permanente.
Firmada el 21 de marzo de 2025, la OE 14161 suspendió el procesamiento de tarjetas verdes para refugiados y asilados, e impuso una revisión digital y antifraude más rigurosa (DHS, 2025). USCIS detuvo las adjudicaciones el 25 de marzo (CBS News, 2025).
La INA § 212(f) otorga al presidente la facultad de suspender la entrada de extranjeros si considera que su ingreso sería perjudicial para la seguridad nacional. La Corte Suprema avaló esta autoridad en Trump v. Hawaii (2018), y se utilizó previamente durante la pandemia de COVID‑19 (Trump, 2020).
La suspensión afecta de forma desproporcionada a refugiados y asilados que, tras un año de presencia legal, calificaban para la residencia. También se ha intensificado el escrutinio para estudiantes que buscan cambiar su estatus de F‑1 o J‑1 a residente permanente (National Foundation for American Policy, 2025). Los residentes permanentes con antecedentes penales enfrentan mayor riesgo de deportación por parte de ICE (ICE, 2024).
Organizaciones como la ACLU argumentan que estas políticas pueden violar principios constitucionales como la igualdad ante la ley (ACLU, 2025). En junio de 2025, la Corte Suprema amplió el poder ejecutivo, permitiendo deportaciones rápidas a terceros países sin previo aviso ni acceso a protección bajo la Convención contra la Tortura (SCOTUS, 2025).
Además de las solicitudes de refugiados, la administración Trump ha generado demoras en procesos migratorios por empleo, por matrimonio y programas para militares (USCIS, 2023; DOL, 2024). Estos cambios sobrecargan el sistema legal y aumentan la necesidad de asesoría jurídica.
Los solicitantes de tarjeta verde deberían considerar las siguientes medidas:
La política migratoria de Trump, especialmente bajo el marco de suspensión de tarjetas verdes, refleja una tensión entre la autoridad ejecutiva y los derechos individuales. Aunque estas suspensiones temporales pueden ser legales, una reforma migratoria de fondo requiere acción legislativa. El entorno legal actual resalta la importancia de proteger el debido proceso mediante supervisión judicial y garantías constitucionales.
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