1. ¿En qué consistía la política de visas de inmigrante que afectaba a 75 países?

El 14 de enero de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que suspendería temporalmente la emisión de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países. La instrucción operativa consistía en un cable diplomático emitido por el Departamento de Estado titulado Pausing Immigrant Visa Issuances for Nationalities at High Risk of Public Charge. El cable fue identificado como 26 STATE 3740. La política entró en vigor el 21 de enero de 2026.

La política se basaba en la evaluación del Departamento de Estado de que los ciudadanos de los países incluidos en la lista presentaban un mayor riesgo de convertirse en una carga pública (public charge). Los funcionarios consulares recibieron instrucciones de rechazar las solicitudes de visa de inmigrante comprendidas por la política conforme a la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Las entrevistas consulares podían continuar realizándose, pero las visas de inmigrante no podían ser emitidas bajo dicha política.

El Departamento de Estado explicó que la medida se aplicaba a las visas de inmigrante, y no a las visas ordinarias de no inmigrante para turistas. Los ciudadanos con doble nacionalidad que presentaran su solicitud utilizando un pasaporte emitido por un país que no estuviera incluido en la lista quedaban excluidos de la política. El Departamento también indicó que ninguna visa de inmigrante emitida previamente había sido revocada como consecuencia de esta directriz.

2. ¿Qué decidió el juez federal?

El 21 de agosto de 2026, la jueza Vargas determinó que la política aplicable a los 75 países violaba las leyes federales de inmigración y excedía la autoridad que la ley concede al Secretario de Estado. El tribunal concluyó que la política de rechazo general basada en la nacionalidad era incompatible con la sección 221(g) de la INA, con la prohibición de discriminación por nacionalidad en la emisión de visas de inmigrante establecida en 8 U.S.C. § 1152(a)(1)(A) y con la regulación del Departamento de Estado contenida en 22 C.F.R. § 40.6.

La reparación judicial ordenada por el tribunal es tan importante como la propia conclusión jurídica. Actuando conforme a la Administrative Procedure Act (APA), o Ley de Procedimiento Administrativo, el tribunal ordenó que la política impugnada fuera dejada sin efecto y anulada. Asimismo, invalidó las negativas de visa que se hubieran basado exclusivamente en dicha política. Además, los casos afectados fueron devueltos a la agencia correspondiente para que fueran reconsiderados.

Por el contrario, las negativas de visa fundamentadas en otros motivos independientes y legalmente válidos no fueron afectadas por la decisión.

3. ¿La decisión tiene aplicación a nivel nacional?

La decisión no se limita únicamente a los demandantes individuales identificados en el caso. La jueza Vargas no se limitó a emitir una medida cautelar destinada a proteger a un grupo específico de partes. En su lugar, utilizó el remedio jurídico conocido como vacatur conforme a la Administrative Procedure Act (APA). A diferencia de una medida que protege únicamente a determinadas personas, el vacatur deja sin efecto la propia actuación de la agencia federal que fue impugnada.

En consecuencia, el Departamento de Estado ya no puede utilizar la política aplicable a los 75 países —que ha sido anulada por el tribunal— como fundamento jurídico para denegar solicitudes de visas de inmigrante en los consulados de Estados Unidos.

Sin embargo, este resultado permanecerá vigente únicamente mientras la decisión del tribunal no sea suspendida temporalmente por una instancia superior mediante un stay y mientras no sea revocada posteriormente en apelación.

4. ¿Cómo Afecta a Este Caso la Decisión de la Corte Suprema que Limita las Medidas Cautelares de Alcance Nacional?

La decisión del tribunal federal de Nueva York debe analizarse junto con el fallo de la Corte Suprema en Trump v. CASA.

El 27 de junio de 2025, en Trump v. CASA, Inc., la Corte Suprema limitó las circunstancias en las que los tribunales federales de distrito pueden otorgar medidas judiciales con efecto a nivel nacional.

El enfoque básico de la Corte Suprema fue el siguiente:

Por regla general, un tribunal federal de distrito debe conceder únicamente la protección judicial necesaria para salvaguardar los derechos de los demandantes que comparecen ante él. El simple hecho de que un demandante presente una demanda no autoriza automáticamente a un tribunal federal a bloquear una política del Gobierno federal en todo el país y con respecto a todas las personas.

¿Qué Significa la Decisión?

La decisión no significa que “el fallo de un juez federal sea válido únicamente dentro del estado en el que ejerce sus funciones”.

Por ejemplo, una decisión emitida por un juez federal en Nueva York no necesariamente está limitada en sus efectos al Estado de Nueva York.

¿Cuándo Puede una Decisión de un Tribunal Federal Tener Efectos a Nivel Nacional?

Es importante distinguir entre el razonamiento jurídico de un tribunal y la medida o remedio judicial (remedy) que el tribunal ordena.

El razonamiento jurídico de un tribunal federal de distrito no se convierte, por sí solo, en un precedente vinculante para todos los demás tribunales federales de Estados Unidos. Otro juez federal que analice la misma cuestión jurídica puede llegar a una conclusión diferente.

Sin embargo, el remedio judicial ordenado por un tribunal puede, en determinadas circunstancias, producir consecuencias prácticas a nivel nacional.

Por ejemplo:

• Si un tribunal concede una medida destinada únicamente a proteger a demandantes específicos, la decisión generalmente se aplica en la medida necesaria para proteger a esos demandantes.
• Si el caso constituye una acción colectiva (class action) debidamente certificada, la protección judicial puede extenderse a todos los integrantes de la clase certificada.
• Si una actuación de una agencia federal es anulada mediante vacatur conforme a la APA, la situación es diferente. En ese supuesto, el tribunal no se limita a prohibir al Gobierno aplicar la medida impugnada a determinados demandantes; deja sin efecto la propia actuación de la agencia.
• Si la Corte Suprema o el tribunal federal de apelaciones competente ha emitido una decisión vinculante, los tribunales inferiores están obligados a seguir ese precedente.

Por lo tanto, determinar si una decisión de un tribunal federal tiene efectos a nivel nacional no depende simplemente del estado en el que se encuentra el juez. Depende de la naturaleza del caso, de las partes involucradas, de la fuente de la autoridad jurídica del tribunal y, sobre todo, del tipo y alcance del remedio judicial ordenado.

¿Qué Importancia Tiene Esto para la Política de los 75 Países?

En CLINIC v. Rubio, la jueza Vargas no se limitó a declarar que “esta política no puede aplicarse a los demandantes”. En cambio, el tribunal anuló mediante vacatur la política del Departamento de Estado aplicable a 75 países conforme a la Administrative Procedure Act (APA), o Ley de Procedimiento Administrativo.

El tribunal no se limitó a conceder una protección judicial aplicable únicamente a los demandantes individuales. En cambio, anuló la propia política del Departamento de Estado. Como resultado, mientras la decisión judicial permanezca vigente, la política de los 75 países, en términos generales, no puede aplicarse en todo el territorio de Estados Unidos. Sin embargo, esta situación podría cambiar si un tribunal superior concede un stay que suspenda temporalmente la decisión o si el fallo es revocado en apelación.

5. ¿Qué Sucede a Partir de Ahora?

Aunque la decisión del 21 de agosto tiene consecuencias importantes, el litigio no necesariamente ha terminado.

El Gobierno federal puede apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit). Mientras la apelación esté pendiente, el Gobierno también puede solicitar que se suspenda temporalmente el efecto del vacatur ordenado por el tribunal de distrito mediante una petición de stay.

Un stay no entra en vigor automáticamente. El tribunal debe conceder expresamente esa suspensión.

El tribunal federal de distrito también dictó una sentencia parcial conforme a la Regla Federal de Procedimiento Civil 54(b) (Federal Rule of Civil Procedure 54(b)) respecto de las reclamaciones resueltas por la decisión.

Desde un punto de vista práctico, también puede existir un breve período de transición entre la emisión de una decisión judicial federal y su aplicación uniforme en todos los consulados de Estados Unidos.

Los solicitantes cuyos casos fueron rechazados o puestos en espera debido a la política de los 75 países deben vigilar atentamente las comunicaciones del National Visa Center (NVC) y de la embajada o consulado estadounidense correspondiente.

Cuando un caso incluya una fecha límite de presentación, un posible problema de pérdida de elegibilidad por edad (aging-out), el vencimiento de un examen médico, de un certificado policial u otro documento sujeto a plazos, los solicitantes también deberían considerar obtener asesoría legal basada en las circunstancias específicas de su caso.

6. ¿Qué Sucede con los Solicitantes Cuyas Visas de Inmigrante Fueron Rechazadas?

La decisión del tribunal es especialmente importante para los solicitantes cuyos casos fueron rechazados sobre la base de la evaluación general del Departamento de Estado respecto de los 75 países. Si la solicitud de visa de inmigrante de una persona fue denegada sin una evaluación individualizada de sus circunstancias, principalmente o exclusivamente porque el solicitante era “nacional de uno de los 75 países incluidos en la lista”, dicha negativa fue consecuencia de la política que el tribunal ahora ha anulado. El tribunal también dejó sin efecto las negativas basadas exclusivamente en esa política y ordenó que esos casos fueran reconsiderados por el Departamento de Estado.

Por lo tanto, si, por ejemplo, un solicitante fue rechazado simplemente por ser ciudadano de Nepal, Irán, Pakistán u otro país incluido en la lista, bajo la presunción general de que los nacionales de ese país presentaban un mayor riesgo de convertirse en carga pública (public charge), el Departamento de Estado ya no puede mantener esa negativa basándose en la misma evaluación general aplicable a todo el país. En cambio, el caso debe ser reconsiderado de manera individualizada, teniendo en cuenta la situación financiera del solicitante, su edad, estado de salud, patrocinador, fuentes de ingresos y otros factores personales relevantes.

Sin embargo, la decisión del tribunal no implica la emisión automática de una visa. Los funcionarios consulares todavía pueden volver a evaluar la elegibilidad del solicitante para la visa y cualquier causal de inadmisibilidad aplicable mediante una revisión legal e individualizada.

En otras palabras, lo que el tribunal eliminó fue el enfoque de: “Le niego la visa de manera general porque usted es ciudadano de este país.” La decisión no eliminó ningún fundamento independiente y legal de negativa que pueda existir en el caso particular del solicitante.

7. La Restricción de Viaje Separada de Trump Continúa Vigente

La decisión judicial del 21 de agosto no debe confundirse con la medida separada del presidente Trump, la Presidential Proclamation 10998.

La Proclamación Presidencial fue firmada el 16 de diciembre de 2025 y entró en vigor el 1 de enero de 2026. La medida impuso restricciones totales o parciales de entrada y de emisión de visas relacionadas con 39 países, así como con ciertos documentos de viaje emitidos o respaldados por la Autoridad Palestina.

La decisión de la jueza Vargas del 21 de agosto se refería a la política del Departamento de Estado sobre visas de inmigrante para 75 países, basada en preocupaciones relacionadas con la carga pública (public charge). El tribunal no anuló la Presidential Proclamation 10998.

Por lo tanto, incluso si un solicitante se beneficia de la anulación de la política de los 75 países, esa misma persona puede seguir estando sujeta a una restricción distinta conforme a la Proclamación Presidencial o a otra norma migratoria.

8. ¿Qué Deben Hacer Ahora los Solicitantes de Visa de Inmigrante Afectados por Esta Política?

No suponga que una negativa anterior se ha convertido automáticamente en una aprobación. El tribunal anuló las negativas basadas en la política y devolvió esos casos al Gobierno para que adopte nuevas medidas.

Revise la notificación de negativa y el historial procesal del caso. Debe determinarse si la negativa se basó exclusivamente en la política de los 75 países o si también se citaron otros fundamentos.

Determine si sigue aplicándose alguna restricción independiente. En particular, los solicitantes deben evaluar si la Presidential Proclamation 10998 u otra norma migratoria resulta aplicable debido a su nacionalidad, pasaporte o circunstancias personales.

Supervise las comunicaciones del National Visa Center (NVC) y de la embajada o consulado estadounidense correspondiente para recibir instrucciones específicas sobre el caso. Después de una decisión judicial importante, una oficina consular puede necesitar cierto tiempo para reabrir un caso o realizar una nueva evaluación.

Cuando los plazos sean críticos, busque asesoría legal individualizada en lugar de depender únicamente de informes generales de prensa.